miércoles, 6 de enero de 2016

Sesión número veintitrés del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo


Los suscritos Diputados integrantes de la Gran Comisión de la XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto 44, 45 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y en el Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo establece el procedimiento para la designación de los integrantes del Concejo Municipal de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su consideración, el presente documento legislativo conforme a los siguientes apartados.

ANTECEDENTES

En Sesión número veintitrés del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, celebrada en fecha diez de noviembre de dos mil quince, se dio lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo establece el procedimiento para la designación de los integrantes del Concejo Municipal de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, que fuera presentado por el Diputado Mario Machuca Sánchez, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 27, 28 fracción III y 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como por lo dispuesto en los artículos 38 y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo.

Este acuerdo, en la misma fecha de su presentación fue aprobado de urgente y obvia resolución por unanimidad del Pleno Legislativo. En ese tenor, de conformidad a las Bases Tercera, Cuarta y Quinta del citado Acuerdo, esta Gran Comisión es competente para el análisis y estudio de las propuestas de planilla para integrar el Concejo Municipal de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, presentadas por los grupos parlamentarios, a través de sus respectivos coordinadores, y de los diputados sin grupo parlamentario, así como para emitir el presente dictamen.

CONSIDERACIONES

En Sesión número veintitrés del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, celebrada en fecha diez de noviembre de dos mil quince, el Pleno Legislativo aprobó de urgente y obvia resolución el Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo establece el procedimiento para la designación de los integrantes del Concejo Municipal de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo.

El transitorio único de este Acuerdo, dispone que una vez aprobado el mismo, debía ser remitido vía oficio y vía electrónica a los coordinadores de los grupos parlamentarios y a los diputados sin grupo parlamentario, a efecto de que conocieran las bases del procedimiento para la designación de los integrantes del Concejo Municipal de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, y de así de considerarlo conducente y bajo su más estricta responsabilidad, presentaran por escrito una propuesta de planilla para integrar el Concejo Municipal de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo.

Siendo así, en apego a la disposición transitoria mencionada, la Dirección de Apoyo Jurídico del Poder Legislativo en fecha diez de noviembre del presente año realizó la notificación personal a los coordinadores de los grupos parlamentarios y a los diputados sin grupo parlamentario, mediante los oficios número DAJ/0385/2015, DAJ/0386/2015, DAJ/0387/2015, DAJ/0388/2015, DAJ/0389/2015, DAJ/0390/2015, y DAJ/0391/2015 de fecha diez de noviembre de dos mil quince, los cuales se anexan al presente dictamen y que dan constancia de la recepción del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo establece el procedimiento para la designación de los integrantes del Concejo Municipal de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo. Así también, en la misma fecha señalada, realizó la notificación electrónica a los correos oficiales de los coordinadores de los grupos parlamentarios y a los diputados sin grupo parlamentario.

Ahora bien, la Base Primera del referido Acuerdo establece que, con fundamento en el artículo segundo transitorio del Decreto número 342 de la H. XIV Legislatura Constitucional y en los artículos 134 fracción II y 135 fracción I segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la propuesta de planilla se conforma de una lista de ocho vecinos del Municipio, con sus respectivos suplentes, para los cargos de Concejal Presidente (uno), Concejal Síndico (uno), y Concejal Regidor (seis). Los cuales deben satisfacer los requisitos previstos en el artículo 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con excepción de la fracción III, de acuerdo al contenido del artículo 143 último párrafo del mismo ordenamiento.

Es así, que la Base Segunda del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo establece el procedimiento para la designación de los integrantes del Concejo Municipal de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, describió con precisión los requisitos y los medios idóneos para acreditar su cumplimiento, tal y como se aprecia en la siguiente transcripción:
FRACCIÓN I. Ser mexicano por nacimiento, ciudadano quintanarroense en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, con residencia y vecindad en el Municipio no menor a cinco años anteriores al inicio del proceso electoral.

Requisitos que deberán quedar acreditados con:

a)        Acta de nacimiento en copia certificada por autoridad competente o por notario público;

b)       Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

c)        Constancias de residencia y vecindad expedida por la autoridad competente, y

d)       Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral o el Instituto Nacional Electoral, en copia certificada por notario público.

En virtud de que el territorio del Municipio de Puerto Morelos se conformó de una porción que pertenecía al Municipio de Benito Juárez, las constancias de residencia y vecindad serán expedidas por la autoridad competente del Ayuntamiento de Benito Juárez.

El término de cinco años de residencia y vecindad se computará previo al inicio del procedimiento de designación del Concejo Municipal.

FRACCIÓN II. Ser de reconocida probidad y solvencia moral.

Requisitos que deberán quedar acreditados con:

a)        Certificado de no antecedentes penales, expedido por autoridad competente, y
b)       Tres cartas de recomendación originales que avalen su probidad y solvencia moral.

FRACCIÓN IV. No ser Magistrado del Tribunal Electoral del Estado, ni Consejero, Secretario General o Director del Instituto Electoral del Estado, a menos que se separe dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral.
Requisito que deberá quedar acreditado con la carta bajo protesta de decir verdad en la que se manifieste que no se encuentra en dichos supuestos.

El plazo de dos años a que se refiere esta Base se computará previo al inicio del procedimiento de designación del Concejo Municipal.

FRACCIÓN V. No ser ministro de cualquier culto, a menos que se separe formal y definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años antes del inicio del proceso electoral.

Requisito que deberá quedar acreditado con la carta bajo protesta de decir verdad en la que se manifieste que no se encuentra en dichos supuestos.

El plazo de cinco años a que se refiere esta Base se computará previo al inicio del procedimiento de designación del Concejo Municipal.

Por otra parte, la Base Tercera estableció el lugar y hora de presentación de las propuestas, estipulando que debían ser suscritas por el coordinador del grupo parlamentario o por el diputado sin grupo parlamentario y dirigidas a la Gran Comisión, señalando a alguien autorizado de su personal adscrito y en servicio permanente en su oficina en la sede del Poder Legislativo para recibir notificaciones así como un correo electrónico para el caso de realizar alguna prevención.

Asimismo, en la Base Tercera se determinó un plazo límite de tres días hábiles siguientes a la notificación del multicitado Acuerdo para la presentación de las propuestas, plazo que culminó el día viernes trece de noviembre del presente año; y en la Base Cuarta se determinó un plazo de veinticuatro horas siguientes a la notificación del oficio de prevención, en el caso de que sean requeridos para subsanar la información proporcionada o bien complementar la documentación solicitada.

Por lo que, en estricto cumplimiento al plazo límite establecido en la Base Tercera, que reiteramos culminó el día viernes trece de noviembre del presente año, los Diputados Pedro José Flota Alcocer, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Pablo Fernández Lemmen Meyer, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Emilio Jiménez Ancona, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Perla Cecilia Tun Pech, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Luis Fernando Roldán Carrillo, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; Hernán Villatoro Barrios, Coordinador del Grupo Parlamentario de Partido del Trabajo, y Jorge Carlos Aguilar Osorio, Diputado independiente de esta Legislatura, presentaron ante la oficialía de partes del Poder Legislativo un total de dieciséis expedientes, uno por cada una de las personas propuestas, los cuales contienen los medios para acreditar los requisitos para ser integrante del Concejo Municipal de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo; planilla que se conformó de la siguiente manera:

 Cargo
Propietario
Suplente
Concejal Presidente:
Leonel Eustaquio Medina Mendoza
Ignacio Josaffat Sánchez Cordero
Concejal Síndico:
Miguel Ángel Zetina Cuevas
Calixtro Augusto Ferrat Carmichel
Concejal Regidor Primero:
Mirza Povedano Cetina
Celsa Victoria Chacón Arceo
Concejal Regidor Segundo:
Emilio Muñoz Vado
Luis Antonio Espinoza Candela
Concejal Regidor Tercero:
Ma. Soledad Foyo Niembro
Narcisa Herrera Montoya
Concejal Regidor Cuarto:
Moisés Flores Pool
Joni Fredi Camal Mex
Concejal Regidor Quinto:
Elvia Karina Alfaro Moreno
Ana Luisa Betancourt Canul
Concejal Regidor Sexto:
Carlos Felipe Arguelles Ordoñez
Roque Rubén Montoya Mex
En consecuencia, no habiéndose recibido más propuestas en el plazo fijado por el Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo establece el procedimiento para la designación de los integrantes del Concejo Municipal de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, y en cumplimiento a su Base Cuarta, esta Gran Comisión procedió a revisar los dieciséis expedientes presentados, que se anexan al dictamen.

Del análisis realizado, observamos que cada uno de ellos cumple con los requisitos previstos en el artículo 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con excepción de la fracción III, de acuerdo al contenido del artículo 143 último párrafo del mismo ordenamiento, descritos con antelación, y por tanto no hay necesidad de agotar las actuaciones previstas en el segundo y tercer párrafo de la Base Cuarta relativas a la prevención para subsanar la información proporcionada o bien complementar la documentación requerida.

En ese sentido,  los suscritos diputados  hemos determinado procedente emitir el presente dictamen y remitirlo a la Mesa Directiva de la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, para que dicho asunto sea incluido en el orden del día más próximo, y el Pleno Legislativo proceda a la designación de los integrantes del Concejo Municipal de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, dentro del plazo previsto en el artículo segundo transitorio del decreto número 342 de la H. XIV Legislatura Constitucional, tal y como lo dispone la Base Quinta del multicitado Acuerdo.      

Por todo lo expuesto, los integrantes de la Gran Comisión nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía popular el siguiente punto de:
DICTAMEN

ÚNICO. La planilla que satisface los requisitos establecidos en el artículo 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con excepción de la fracción III, de acuerdo a lo que dispone el artículo 143 último párrafo del mismo ordenamiento, para designar a los integrantes del Concejo Municipal de Puerto Morelos, del Estado de Quintana Roo, es la presentada por los Diputados Pedro José Flota Alcocer, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Pablo Fernández Lemmen Meyer, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Emilio Jiménez Ancona, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Perla Cecilia Tun Pech, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Luis Fernando Roldán Carrillo, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; Hernán Villatoro Barrios, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y Jorge Carlos Aguilar Osorio, Diputado independiente de esta H. XIV Legislatura del Estado, la cual se describe a continuación.

Cargo
Propietario
Suplente
Concejal Presidente:
Leonel Eustaquio Medina Mendoza
Ignacio Josaffat Sánchez Cordero
Concejal Síndico:
Miguel Ángel Zetina Cuevas
Calixtro Augusto Ferrat Carmichel
Concejal Regidor Primero:
Mirza Povedano Cetina
Celsa Victoria Chacón Arceo
Concejal Regidor Segundo:
Emilio Muñoz Vado
Luis Antonio Espinoza Candela
Concejal Regidor Tercero:
Ma. Soledad Foyo Niembro
Narcisa Herrera Montoya
Concejal Regidor Cuarto:
Moisés Flores Pool
Joni Fredi Camal Mex
Concejal Regidor Quinto:
Elvia Karina Alfaro Moreno
Ana Luisa Betancourt Canul
Concejal Regidor Sexto:
Carlos Felipe Arguelles Ordoñez
Roque Rubén Montoya Mex













SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

LA GRAN COMISIÓN

NOMBRE
A FAVOR
EN CONTRA
Dip. Pedro José Flota Alcocer


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Dip. Martín de la Cruz Gómez


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Dip. Berenice Penélope Polanco Córdova


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Dip. Judith Rodríguez Villanueva


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Dip. Freyda Marybel Villegas Canché




miércoles, 4 de marzo de 2015

SUSTITUCION DE LA JURIS PRUDENCIA Y AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y ALEGATOS POR ESCRITO

Artículo 81.

Procede el recurso de revisión:


 

I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes:


 

a) Las que concedan o nieguen la suspensión definitiva; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental;


 

b) Las que modifiquen o revoquen el acuerdo en que se conceda o niegue la suspensión definitiva, o las que nieguen la revocación o modificación de esos autos; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia correspondiente;


 

c) Las que decidan el incidente de reposición de constancias de autos;


 

d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; y


 

e) Las sentencias dictadas en la audiencia constitucional; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia.


 

II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generales del pleno.


 

La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.


 


 

SUSTITUCION DE LA JURIS PRUDENCIA.


 

Artículo 230.

La jurisprudencia que por reiteración o contradicción establezcan el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Plenos de Circuito, podrá ser sustituida conforme a las siguientes reglas:


 

I. Cualquier tribunal colegiado de circuito, previa petición de alguno de sus magistrados, con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al Pleno de Circuito al que pertenezcan que sustituya la jurisprudencia que por contradicción haya establecido, para lo cual expresarán las razones por las cuales se estima debe hacerse.


 

Para que los Plenos de Circuito sustituyan la jurisprudencia se requerirá de las dos terceras partes de los magistrados que lo integran.


 

II. Cualquiera de los Plenos de Circuito, previa petición de alguno de los magistrados de los tribunales colegiados de su circuito y con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a la sala correspondiente, que sustituya la jurisprudencia que hayan establecido, para lo cual expresarán las razones por las cuales se estima debe hacerse. La solicitud que, en su caso, enviarían los Plenos de Circuito al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a la sala correspondiente, debe ser aprobada por la mayoría de sus integrantes.


 

III. Cualquiera de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previa petición de alguno de los ministros que las integran, y sólo con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sustituya la jurisprudencia que haya establecido, para lo cual expresarán las razones por las cuales se estima debe hacerse. La solicitud que, en su caso, enviaría la sala correspondiente al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá ser aprobada por la mayoría de sus integrantes.


 

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituya la jurisprudencia en términos de las fracciones II y III del presente artículo, se requerirá mayoría de cuando menos ocho votos en pleno y cuatro en sala.


 

Cuando se resuelva sustituir la jurisprudencia, dicha resolución no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los que se hayan dictado las sentencias que la integraron, ni la que se resolvió en el caso concreto que haya motivado la solicitud. Esta resolución se publicará y distribuirá en los términos establecidos en esta Ley.


 


 

LA JURISPRUDENCIA INCONSTITUCIONAL es toda aquella que va en contra de los derechos humanos que la cual no sea acorde a derechos humanos o dignidad humana.


 


 

AUDINCIA CONSTITUCIONAL Y ALEGATOS POR ESCRITO


 


 

La audiencia constitucional es el acto procesal que se desarrolla en la primera instancia a juicio del amparo indirecto, en el cual son oídas las partes, quienes pueden ofrecer y desahogar pruebas, así como formular alegatos antes de que se dicte la sentencia respectiva.

Se conceptúa como constitucional en virtud de que en ella se exponen y valoran los elementos necesarios para que el juzgador de amparo pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado.

Pueden señalarse en cuanto a su contenido que la audiencia se compone de tres etapas o periodos a saber:


 

PERIODO PROBATORIO

PERIODO DE ALEGATOS SENTENCIA

En esta etapa las partes pueden ofrecer y rendir las pruebas que estimen necesaria para apoyar su dicho, siendo admisible, según lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de Amparo, toda clase de pruebas excepto la confesional y las que fueren contrarias a la moral y al derecho.


 

Cabe señalar que por regla general, las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la propia audiencia, existen casos en que se pueden ofrecerse con anterioridad a ésta.


 

La prueba documental puede ofrecerse desde el escrito inicial y hasta el momento de la celebración de la audiencia, salvo si la prueba consiste en copias o documentos que obren en poder de la autoridad el quejoso deberá pedirlos con

antelación a la fecha de la audiencia.


 

Las pruebas testimonial, pericial y de inspección ocular toda vez que su naturaleza requiere de preparación deben ser anunciadas con cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia. Finalizado el periodo probatorio se reciben los alegatos de las partes y, en su caso el pedimento de l Ministerio Público.


 

Los alegatos son las conclusiones de las partes en el proceso, en las cuales expresan argumentos para tratar de demostrar que les asiste la razón, de modo que se declaren fundadas sus pretensiones o, en su caso, sus excepciones, al dictarse sentencia.


 

Por regla general los alegatos se presentan por escrito, pero cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal el quejoso puede alegar verbalmente y solicitar en autos se asiente un extracto de sus alegaciones, mientras que en cualquier otro supuesto pueden también formularse verbalmente, pero sin la posibilidad de que lo manifestado se asiente en autos. La audiencia concluye con el dictado de la sentencia, en la cual el Juez de Distrito, después de valorar las pruebas y analizar los alegatos, así como todo lo expuesto por las partes en sus escritos iníciales,

determina si el acto reclamado es o no inconstitucional y, en consecuencia, si ampara o no al quejoso


 

Estas tres etapas constituyen las formalidades esenciales del procedimiento de la audiencia constitucional, de manera que si tal audiencia constitucional, se celebra sin que se verifique el periodo de pruebas o el de alegatos, y no obstante dicha omisión, se pronuncia el fallo respectivo, se actualiza una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento en términos del artículo 91 fracción IV, de la ley de la materia, aun en el supuesto de que no hubiere comparecido de manera personal alguna de las partes ni existan promociones o procedimientos del Ministerio Público Federal pendientes de acuerdo, ya que la ley no hace excepción al respecto.

Por otro lado en cuanto a su trámite cabe señalar que este se rige por dos principios procesales:

1. El Principio de Concentración. Se traduce en que en un solo acto se reciben las pruebas de las partes, se oyen los alegatos y se dicta sentencia.

2. El Principio de Continuidad. Implica que las referidas etapas o fases (pruebas, alegatos y sentencia) sobrevienen una de la otra, lo que implica que concluida una debe desarrollarse de inmediato la otra; y el de unidad implica que la audiencia constituye un solo acto procesal que la audiencia constituye un solo acto

procesal; es decir es indivisible.

Cabe señalar que la Audiencia Constitucional no siempre puede celebrarse o llevarse a cabo a término en la fecha y hora fijadas en el auto admisorio, pues puede ocurrir que:

1. Se difiera. Esto implica su aplazamiento es decir que se señale una fecha posterior para su desarrollo, cuestión que puede obedecer a varias causas:

a. No exista constancia de que se haya emplazado a todas las partes,

b. Que no se hubieren expedidos los documentos necesarios para llevar a cabo su celebración;

c. Falta de preparación de las pruebas pendientes a desahogar;

d. El informe justificado no se hubiese rendido con la suficiente oportunidad para que las partes pudieran conocerlo;

e. Falta de la constancia de diligencia de un exhorto

f. Que no se haya practicado la inspección judicial,

g. Falta de la existencia de algún testigo.

2. Se suspenda. Implica que una vez iniciada ésta se detenga su desarrollo para continuarse y concluirse en fecha posterior, en virtud de presentarse algún motivo que impide su conclusión algunas de las causas son:

a. Alguna de las partes presenta un documento que es objetado falso por otra, o bien,

b. Cuando no es posible que, por su propia naturaleza se desahogue en ella la prueba de inspección ocular que deba practicarse fuera del lugar del Juzgado o de la Jurisdicción Federal.


 

SENTENCIA EN MATERIA DEL AMPARO


 

LISA Y LLANA

PARA EFECTOS

JURISPRUDENCIA INCONSTITUCIONAL Y RECURSO DE REVISION

La jurisprudencia inconstitucional es toda aquella que va en contra de los derechos humanos que la cual no sea acorde a derechos humanos o dignidad humana.

Artículo 81.

Procede el recurso de revisión:


 

I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes:


 

a) Las que concedan o nieguen la suspensión definitiva; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental;


 

b) Las que modifiquen o revoquen el acuerdo en que se conceda o niegue la suspensión definitiva, o las que nieguen la revocación o modificación de esos autos; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia correspondiente;


 

c) Las que decidan el incidente de reposición de constancias de autos;


 

d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; y


 

e) Las sentencias dictadas en la audiencia constitucional; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia.


 

II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generales del pleno.


 

La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.